Un miembro de la Guardia Nacional patrulla un mercado en el barrio popular de Coche, en Caracas Fuente: AFP – Crédito: Federico Parra

Describió una lista de ejecuciones extrajudiciales, arrestos arbitrarios y torturas a opositores; pidió crear una comisión de investigación y mayor implicación de la CPI Comentar (0) Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 23 de junio de 2018

GINEBRA.- Ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas con violencia sexual, simulacros de ejecución y descargas eléctricas. La lista de abusos sobre los opositores en Venezuela fue incluida en un lapidario informe presentado ayer por las Naciones Unidas, que denunció las graves violaciones de los derechos humanos de las fuerzas de seguridad chavistas, pidió crear una comisión de investigación internacional y abogó por una mayor implicación de la Corte Penal Internacional (CPI).

Primero fueron los 125 muertos por la represión de las protestas que estallaron en 2014 para exigir la salida de Nicolás Maduro del poder. Luego sucedieron otros 500 asesinatos cometidos por fuerzas policiales y parapoliciales, en presuntos operativos contra la delincuencia urbana.

Así lo denunció la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), que registró de manera pormenorizada denuncias fundadas de ejecuciones y maltratos cometidos en estos cuatro años -los más violentos del gobierno que comenzó en 1999 con Hugo Chávez-, bajo un silencioso manto de impunidad, y reclamó una implicación de la CPI en los casos de abusos.

"La situación de los derechos humanos del pueblo de Venezuela es catastrófica", resumió el titular de la Acnudh, Zeid Raad al-Hussein, durante la presentación del informe en la sede del organismo, en Ginebra. Y agregó que el Estado venezolano "parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables".

La investigación actualiza una primera evaluación formulada meses atrás sobre la represión a la que fue sometida la disidencia democrática, en los violentos episodios urbanos de hace cuatro años, cuando cientos de miles de manifestantes coparon las calles de Caracas y otras ciudades del país. Ahora le añade otras cientos de muertes y abusos registrados desde entonces, muchas de ellas en el marco de las llamadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP).

"Testimonios de víctimas suscitan preguntas sobre si las OLP estaban realmente destinadas a desarmar grupos criminales", señaló el informe de la Acnudh, al cuestionar la supuesta misión de las patrullas armadas desplegadas en los barrios. "Una serie de elementos parecen indicar que fueron un instrumento del gobierno para exhibir supuestos resultados en la reducción del crimen", agregó como hipótesis.

Como las autoridades venezolanas rechazaron el acceso al país a los expertos de la ONU, Al-Hussein encargó a un equipo de especialistas de derechos humanos entrevistar a distancia a unas 150 personas, entre ellas víctimas y sus familiares, así como testigos directos, periodistas, abogados de los afectados y de derechos humanos y médicos.

El Estado de Derecho como tal está "virtualmente ausente", denunció Al-Hussein, y reclamó un mayor compromiso sobre la situación venezolana de la CPI, el tribunal internacional con sede en La Haya, cuya función es investigar crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio.

La CPI abrió en febrero pasado un examen preliminar sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela en el contexto de la ola de protestas de 2014, en respuesta a la denuncia de varios legisladores de la oposición. Pero ese procedimiento no supone la apertura inmediata de una investigación oficial, lo cual debe ser decidido por la fiscalía de la corte más adelante.

Además de pedirle a la CPI que acelere los tiempos, Al-Hussein exigió, al presentar el informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que también este organismo se ponga a la altura de las circunstancias y establezca una comisión investigadora sobre los excesos en Venezuela, perpetrados, según indican los testimonios convergentes, bajo la mirada cómplice de Maduro.

"Llegó el momento de que el Consejo use su voz para hablar antes de que esta trágica espiral descendente se vuelva irreversible", dijo, por su parte, Leila Swan, funcionaria senior de Human Rights Watch.

Según el informe, en vez de las garantías constitucionales de un sistema democrático, el chavismo da facilidades de intervención y garantías de impunidad a los efectivos policiales y grupos de choque -los llamados "colectivos" chavistas- que actúan a nombre del gobierno contra disidentes y presuntos delincuentes.

El secretario general de la ONU, António Guterres, señaló que la cantidad de muertes como consecuencia de la violencia estatal y paraestatal son "verdaderamente impactantes", y que demuestran "la necesidad de un diálogo político y una solución política totalmente incluyente", es decir entre el gobierno, la dirigencia opositora y otros referentes de la sociedad civil.

Sin embargo, muchos de estos referentes están encarcelados sin pruebas ni juicio, son objeto de persecuciones o debieron exiliarse del país. Más de 12.000 personas fueron detenidas entre 2014 y abril de 2018, y más de 7000 fueron liberadas a condición de respetar ciertas restricciones a sus libertades, de acuerdo con registros de organismos locales, regionales e internacionales de derechos humanos.

Con un comunicado, el gobierno chavista rechazó categóricamente el "pretendido informe" presentado en la ONU, "una evidencia más del absoluto menosprecio por la institucionalidad y el marco jurídico internacional que ha caracterizado al señor Al-Hussein durante el sombrío ejercicio de su mandato".

Las cifras más rojas de la revolución

El deterioro de los derechos humanos bajo Nicolás Maduro alcanzó niveles desconocidos incluso durante el gobierno de su antecesor y mentor Hugo Chávez

Denuncia

La investigación de Naciones Unidas revela más de 500 muertes cuestionables a manos de agentes de seguridad y fuerzas irregulares del régimen chavista desde enero de 2014, entre manifestantes de la oposición y supuestos delincuentes

Fuentes

El informe actualizó un estudio del año pasado que ya denunciaba "el recurso generalizado y sistemático de la fuerza excesiva", y se hizo con entrevistas a la distancia a unas 150 personas, entre víctimas, familiares, testigos, periodistas, abogados y médicos

Reclamo

El jefe de la oficina de la ONU para derechos humanos reclamó al presentar el informe un mayor compromiso en el caso venezolano de la Corte Penal Internacional (CPI), que juzga crímenes de guerra y de lesa humanidad

Agencias AFP, DPA, ANSA, AP y Reuters

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