El Gobierno activa un proyecto para urbanizar villas y hacer propietarios a vecinos, pero por ahora reina la incertidumbre En el país hay 4228 barrios populares en los que viven miles de familias sin títulos de propiedad ni acceso a servicios básicos; la desconfianza guía a los habitantes, aunque an Fuente: LA NACION – Crédito: Emiliano Lasalvia

Alan Soria Guadalupe SEGUIR Comentar (0) Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 13 de mayo de 2018

María da Rosa es una mujer de pocas palabras, pero mucho de lo que calla se revela a través de sus gestos. El suspiro largo seguido de un rato de silencio y su mirada perdida entre las casillas del barrio Danubio, en Dock Sud, busca las explicaciones que nunca nadie le dio por las promesas incumplidas, por los discursos proselitistas disfrazados de premonición de una vida mejor que nunca llegó.

Sosteniéndolo fuerte como si se fuera a escapar, María muestra el certificado de vivienda que le acaban de entregar. Por primera vez tiene un documento que constata que ella vive ahí, que la vivienda de ladrillo y chapa que pudo levantar con ayuda de los más grandes de sus ocho hijos existe. Que ahora puede reclamar, colectivamente junto con sus vecinos, que de una vez por todas hagan llegar la red eléctrica y de gas al barrio o que se avance con las obras cloacales para que se dejen de usar los pozos ciegos, que cada vez que llueve los hacen "caminar en la mierda", como dice Miguel Ángel Medina, su vecino, que es albañil.

Cuando un incendio le tiró abajo la casa donde vivía en el barrio Manuel Estévez, hace 15 años, María se mudó a Dock Sud. Con la indemnización que le dieron cuando la echaron de su trabajo por haberse ausentado varias semanas para recoger las esquirlas de su vida desmoronada, se hizo un lugar en el barrio, donde hoy viven unas 380 personas. En todo este tiempo, dice, le llovieron promesas de ayuda, ya sea económica o de infraestructura que le mejoraría la calidad de vida. Por eso, para ella y sus vecinos, el plan del Gobierno para expropiar las tierras de los barrios populares, hacer propietarios a los vecinos y avanzar con la urbanización es solo una promesa más.

La situación en el barrio Danubio Azul de Dock Sud
La situación en el barrio Danubio Azul de Dock Sud Fuente: LA NACION – Crédito: Emiliano Lasalvia

"Espero que esta vez sí haya un cambio. Más que nada por los más chicos. ¿Si confío ahora? Nunca hay que perder la esperanza", dice la vecina, que hoy subsiste con las ventas de un quiosco improvisado dentro de su casa, cuyo techo cede un poco más con cada lluvia.

La informalidad del trabajo actual de María le genera dudas sobre lo que pasará si el proyecto del Gobierno avanza. Como ella, la gran mayoría de los vecinos de los barrios recorridos por LA NACION apoyan la iniciativa, que tiene como objetivo final la urbanización de asentamientos que albergan a 3,5 millones de personas, pero también manifiestan serias dudas sobre cómo se aplicarán los cambios y exigen que una voz oficial les dé respuestas.

La formalización de los 4228 barrios de todo el país que figuran en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) y que están contemplados en el proyecto tiene un costo, no solo para el Estado, que estará a cargo de la urbanización, sino también para la gente, que deberá pagar por esos terrenos y acoplarse al régimen de tarifas de servicios públicos.

Danubio es uno de los asentamientos en Dock Sud en los que se hizo el relevamiento
Danubio es uno de los asentamientos en Dock Sud en los que se hizo el relevamiento Fuente: LA NACION – Crédito: Emiliano Lasalvia

"Si no tienen plata para pagar todo eso, ¿qué? ¿Los van a sacar?". Elba Carrizo vive desde hace 63 años en el barrio Güemes, de la villa 31 o "Barrio 31", en Retiro. Tiene siete hijos y durante décadas construyó una casa de dos pisos. "Es mi obligación dejarles un techo", dice. Su duda sobre lo que pueda pasar con quienes no tengan plata para pagar por el terreno -por más que el proyecto prevé que el pago sea accesible- o los servicios es compartida por las vecinas que se sentaron con ella a la mesa en la casa de Nilda Bobadilia, oriunda de Paraguay, que también tiene dos pisos.

Todas, las siete, asintieron cuando se planteó lo que podría ser un problema a futuro. "Yo creo que van a tener que contemplar a la gente que no pueda pagar. Van a tener que darle algo", le responde Amanda Valenzuela, que llegó desde Bolivia.

La situación en el barrio Danubio Azul de Dock Sud
La situación en el barrio Danubio Azul de Dock Sud Fuente: LA NACION – Crédito: Emiliano Lasalvia

El interrogante todavía no tiene respuesta. No está definido cuánto habrá que pagar por las tierras, si la cifra dependerá del tamaño del terreno y los pisos construidos o si habrá un mecanismo especial para quienes alquilen cuartos. Todo deberá debatirse en el Congreso, donde el proyecto ya ingresó y el miércoles próximo asistirá a explicar sus alcances la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley.

Los vecinos repiten que la iniciativa les facilitará un mayor acoplamiento al tejido urbano y dejar atrás la "discriminación" de la sociedad. Nilda hace memoria para relatar una anécdota que para ella resume ese aislamiento al que son sometidos "los villeros". Uno de los trabajos que consiguió cuando llegó de Paraguay, hace 35 años, fue de empleada doméstica. Por un tiempo trabajó en un departamento sobre Avenida del Libertador que tenía una vista amplia sobre la calle, la estación de Retiro y, más atrás, su barrio. El paisaje la cautivaba y todavía no se lo olvida, como tampoco se olvida el intercambio que tuvo con su empleadora.

-Qué lindo sería vivir acá, con esta vista -le comentó.

-¿Sí? A mí me gustaría vivir donde vivís vos -le respondió la empleadora.

-¿Por qué? -se asombró.

-Porque no pagás la luz ni el agua.

Las delegadas en una recorrida por la manzana 6
Las delegadas en una recorrida por la manzana 6 Fuente: LA NACION – Crédito: Fernando Massobrio

Nilda apoya su mano sobre el pecho, cierra los ojos y dice que esa conversación le quedó grabada como si fuera una película. A su izquierda, María Alejandra Álvarez deja de revisar el celular, levanta las cejas y revolea los ojos. "Es injusto que todos paguen impuestos y nosotros nada. Nosotros queremos pagar la luz y el agua", dice, y sus vecinas las interrumpen hablando al mismo tiempo en un murmullo donde se repite la palabra "prejuicio".

Enseguida, y sorprendiendo con un giro en la conversación como si no pudieran controlarlo, las vecinas reclaman casi al unísono que los beneficios de la iniciativa -que se aplicarán en todos los distritos pero con mayor énfasis en el área metropolitana por la densidad de barrios humildes- lleguen primero a los "históricos" de cada asentamiento, vecinos conocidos por todos y tratados con cierto cariño y veneración por haber sido los que luchan desde el primer día, como Alberto Liendro, el salteño que llegó al asentamiento de Retiro en 1940, cuando tenía 18 años y hacía el servicio militar. "De acá no me saca nadie", suele decir casi sin gesticular debajo de una gorra azul gastada que le deja el rostro entre sombras.

La situación en el barrio Danubio Azul de Dock Sud
La situación en el barrio Danubio Azul de Dock Sud Fuente: LA NACION – Crédito: Emiliano Lasalvia

Nilda retoma la palabra para agregar que también debió lidiar con la discriminación cuando buscó trabajo o un jardín para anotar a sus tres hijos paraguayos y tres argentinos. Vivir en la villa y no tener una dirección clara complica lo que debería ser sencillo.

Uno de los primeros efectos que tendrá el proyecto, si se aprueba, será reducir esa suerte de invisibilidad de las viviendas.

"Esto es la nada misma, como si no existiéramos", dice Judith Aragón, que coordina un comedor comunitario de Villa Inflamable, en Avellaneda, y que está esperanzada por las promesas de urbanización que conlleva el proyecto, de cuya elaboración participaron activamente los movimientos sociales. Judith agrega: "Acá no entran las ambulancias ni los colectivos. Cuando llamás a la policía solo viene cuando ya pasó lo que queríamos evitar. Sabemos que todo esto es un proceso largo, pero tiene que empezar. De palabras ya estamos cansados".

Las calles de tierra del barrio Danubio, cerca de Inflamable, deben transitarse a los saltos después de varios días de lluvia. El barro cambia el color de los pantalones de los vecinos y empapa las pancitas de los perros sin dueño.

Daniel Menéndez, coordinador general de Barrios de Pie, una de las agrupaciones que trabajan en la iniciativa de cerca con Stanley, toma mate en un comedor que en una de las paredes exhibe una bandera celeste, el color característico de la organización. En la cocina, la pantalla de una pequeña televisión añeja dice que el dólar no detiene su escalada.

Menéndez explica que a medida que avance el tratamiento del proyecto se creará una mesa nacional de barrios populares que se encargue de velar por la aplicación de la ley. "No se va a cumplir si la gente no se mueve", dice, al tiempo que destaca que ve "voluntad" en el Gobierno para avanzar.

Nilda Bobadilla, delegada barrial, en la puerta de su casa
Nilda Bobadilla, delegada barrial, en la puerta de su casa Fuente: LA NACION – Crédito: Fernando Massobrio

Pese a la crisis cambiaria y la modificación en el cronograma de la obra pública para profundizar la reducción del déficit, en el Gobierno aseguraron a LA NACION que el proyecto sigue en pie.

"No es que el Gobierno es buenito. Nosotros venimos preparando esto desde hace años en función de nuestras necesidades", interrumpe Norma Morales, principal referente del barrio.

Verborrágica y de voz firme, la vecina remarca varias veces que el plan que presentó el oficialismo tiene en las organizaciones sociales un pilar fundamental. Barrios de Pie, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Techo y Cáritas participaron de los trabajos para registrar los barrios de todo el país. Todavía están censando a la gente que no se pudo identificar en el año y medio que duró el proceso, que se activó en 2016.

A metros del comedor, a la salida del barrio Danubio, representantes del Renabap entregan los "certificados de vivienda familiar" con el sello de la Jefatura de Gabinete de la Nación, la Anses y de la Administración de Bienes del Estado (AABE).

En ellos se deja constancia de los habitantes que viven en cada domicilio y se aclara que el documento es "suficiente para solicitar y acceder a los servicios públicos como agua, cloacas, energía eléctrica y red de gas natural (…) y para acreditar domicilio ante cualquier autoridad pública nacional, provincial o municipal, entes y empresas privadas, sirviendo como domicilio legal o fiscal". El papel viene acompañado con un código QR para acreditar la autenticidad.

A Rosa Franco, que hace 40 años que vive allí, le entregaron el certificado esa mañana. Apenas se lo dieron se fue a su vivienda, una pequeña habitación que compartió con sus once hijos, que ya no viven con ella. "Todos los gobiernos vinieron y prometieron, pero no pasó nada. Dicen que estemos 'juntos', pero no hacen nada. En las elecciones no los voy a votar si no cumplen", señala.

Maria Alejandra Martínez, en la puerta de su casa con la foto de su padre
Maria Alejandra Martínez, en la puerta de su casa con la foto de su padre Fuente: LA NACION – Crédito: Fernando Massobrio

Aunque afirma no entender sobre vericuetos financieros, la crisis cambiaria la asusta. "¿Y si con todo esto dejan todo como está?", pregunta.

Rosa hace un gesto de desdén con la mano para alejar el pesimismo y mira con una sonrisa el certificado, que plastificó. Nerviosa, posa para la foto con el documento al revés. Inmediatamente lo corrige, respira profundo y mira a la cámara, esperando que ese suspiro, como el de su vecina María, no se convierta en una nueva desilusión.

Las claves de un proyecto ambicioso

De aprobarse en el Congreso, la iniciativa tendrá un alcance nacional

4228 Barrios populares

En 2016 comenzó un proceso de identificación de aquellos asentamientos donde viven más de ocho familias sin título de propiedad y sin acceso a dos o más servicios públicos o básicos

3,5 millones de personas

Según el registro, hay en todo el país al menos 3,5 millones de personas viviendo en esas condiciones en barrios que, juntos, ocuparían la superficie de dos ciudades de Buenos Aires

93,8% no tienen red cloacal

Según el relevamiento, el 98,4% de los vecinos no tienen acceso a la red de gas, el 93,8% no tienen agua, el 70,6% viven sin luz y solo el 30,8% tienen calefacción con energía eléctrica

Por: Alan Soria Guadalupe

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