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Foto: Reuters

MADRID.- Con un fuerte llamado a la "resistencia civil masiva" por parte del separatismo radical, el Parlamento de Cataluña fijó para pasado mañana la sesión en la que, según se conjetura, podría declararse la república que la independice del resto de España.

El pleno será apenas un día antes de que el Senado nacional someta a votación -y, previsiblemente, apruebe- el paquete de medidas que propuso el presidente Mariano Rajoy para tomar el control directo de la autonomía en rebeldía. Eso es lo único que está claro para la agenda de esta semana, que será "decisiva" para el desafío catalán.

Lo otro que cobra fuerza es la posibilidad de que, con el agua al cuello y para desactivar la intervención, el presidente separatista catalán, Carles Puigdemont, se decida a venir a Madrid para apelar el caso ante el Senado.

Eso es algo que en las últimas horas le han pedido diversos sectores, asustados ante la ola que se les viene encima. Parece que Puigdemont, que hasta ahora nunca quiso exponer en el Congreso, se decidiría a hacerlo.

Pero como este asunto ya tiene ribetes de novela, donde nunca faltan problemas de última hora, la cuestión no sólo es el "si viene", sino también el "cuándo". Porque el Senado, que vive en su propia esfera, ya dijo que no puede recibir a Puigdemont hasta el jueves. Y ese día, justamente, el "president" tiene sesión plenaria de su Congreso, donde muchos tienen ganas de declarar la república.

¿Vendrá o no vendrá Puigdemont a Madrid? Todo parece indicar que es muy posible. Sobre todo, porque el empresariado catalán no hace más que empujarlo con el argumento de que la situación es insostenible. "Necesitamos que haya elecciones ya" como alternativa para salir de un curso que, de persistir en él, nos llevará a "una dinámica prolongada e intensa de descontrol, inseguridad jurídica y malestar ciudadano", sostuvo en una nota el Círculo de Empresarios regional. En menos de un mes, desde que el proceso se agudizó, más de 1300 empresas trasladaron su sede fiscal fuera de Cataluña para evitar riesgos. Entre ellas, los principales bancos.

De aquí al viernes, la agenda de pasos definitivos debe estar terminada. De lo contrario, ese día comenzarán la intervención y, posiblemente, como anunció el presidente Rajoy, el desalojo del gobierno catalán en su conjunto. Con Puigdemont y sus trece ministros a la cabeza.

"Hay que retornar a la normalidad y a la convivencia democrática en el marco de la Constitución", justificó Rajoy. "Esto es un golpe de Estado y no lo vamos a permitir", contestó la presidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadell.

Una de las claves de lo que ocurra la tiene el pleno que se convoca para pasado mañana. Puigdemont le delegó la misión de votar y "decidir" la respuesta que se dará a la anunciada intervención. Si no hay marcha atrás en el rumbo separatista, el gobierno aplicará por primera vez la norma constitucional que permite tomar control de la autonomía. Se trata del artículo 155 de la Constitución de 1978.

La Convocatoria de Unidad Popular (CUP), el partido antisistema cuyos votos son cruciales en la alianza que gobierna en Cataluña, llamó a una "desobediencia civil masiva". El partido sostiene que la acción que impulsa el gobierno de Rajoy "es la mayor agresión contra los derechos civiles del pueblo catalán" desde la dictadura del fallecido Francisco Franco.

En esta nota:EspañaEl mundo, hoy

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